La Procura, Justicia y Tecnología
Bilbao, de 5 a 7 de mayo de 2016
CONCLUSIONES
1. Los Procuradores expresamos nuestro firme compromiso para colaborar en la modernización y mejor funcionamiento de la Justicia española. Para ello hemos de potenciar la profesionalidad de los despachos y a los Colegios de Procuradores como instrumentos básicos para el desarrollo de la función pública.
2. Los Procuradores en el ejercicio de sus funciones profesionales, actuarán con la debida competencia, excelencia y dedicación al servicio prestado; por ello percibirán una digna retribución.
3. El desarrollo de las tecnologías continuará siendo parte esencial de nuestra profesión, utilizando tanto las diseñadas por nosotros, como es nuestra Plataforma, así como por las provenientes de la Administración, a fin de configurar un expediente judicial electrónico total.
4. Continuamos demandando mayores competencias a fin de mejorar el sistema de ejecución en nuestro ordenamiento. Hemos de integrarnos plenamente en las funciones realizadas por los agentes de ejecución en el marco de los países adelantados, funciones que se potenciarán con las herramientas tecnológicas con las que contamos y que seguiremos desarrollando.
5. La oferta a la sociedad y a los órganos jurisdiccionales de la Institución de Mediación de la Procura, llamada a jugar un papel relevante como medio alternativo de resolución de conflictos que cuenta con Procuradores mediadores en todo el territorio nacional, dispone de los medios tecnológicos necesarios para su organización administrativa y para el ejercicio de sus funciones de mediación.
6. Continuaremos trabajando en la consolidación de las funciones de Servicios de Depósitos de Bienes, así como la de entidad especializada en realización de subastas, a través del Portal Subasta-Procuradores hasta conseguir un servicio integral en todo el territorio nacional, con la implicación de todos los Colegios de Procuradores.
7. La necesaria inclusión del Procurador en el Reglamento 1393/2007 de la Comisión Europea para agilizar el tráfico de los actos de comunicación y documentación en el seno de la Unión Europea.
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