Como lo hemos advertido en una reciente entrada de este mismo espacio, los procuradores han asumido con decisión y con todo el ánimo posible, la nueva función que les ha encomendado la ley de enjuiciamiento criminal.
En efecto, a partir de este mes de mayo, los procuradores comparten con los funcionarios de los juzgados, la función de notificar las resoluciones judiciales, en medio de una polémica que se ha generado, debido a los costos que representa para los ciudadanos, y a la posible segregación para algunos, o privatización de la justicia para otros, que se puede sobrevenir con ocasión de la implantación de esta medida, tema sobre el que ya disertamos en una entrega anterior.
Sin embargo, nuestra preocupación el día de hoy es otra. Tradicionalmente las notificaciones de resoluciones judiciales han implicado algunos riesgos, en la medida en que estas, afectan intereses, generalmente económicos, o incluso algunos un poco más graves como la posible pérdida de la libertad, para las personas que son objeto de estos recursos judiciales.
Por supuesto, en tales casos, al igual que en la antigua Grecia, el mensajero de malas noticias corre grave peligro, sobre todo si se trata de un procurador, que no pertenece de planta a la rama judicial y que por ende, podría ser visto por un posible agresor como una “presa fácil”.
Tranquiliza por una parte, el saber que no somos los únicos preocupados por el riesgo que correrán los procuradores en el ejercicio de su profesión. En efecto, el Conseller de interior JORDI JANÉ, el de Justicia CARLES MUNDÓ y el decano del Colegio de Procuradores IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO han firmado un acuerdo para lograr la protección adecuada y oportuna de los procuradores, y de los agentes de las oficinas judiciales, cuando con ocasión del cumplimiento de sus funciones, su integridad o hasta su vida se vea en peligro.
Los encargados de suministrar protección a los procuradores, cuando ejerzan su nueva función de notificaciones de resoluciones judiciales, serán los Mossos d´Escuadra, quienes acudirán al llamado efectuado al teléfono 112, mismo que marcaran los Procuradores al detectar una posible situación de riesgo que los afecte.
Es grato saber también, que no solo se garantiza la seguridad de los procuradores, en el cumplimiento de sus competencias, sino que existen voces que reconocen el compromiso de estos profesionales, en aras de lograr una justicia más eficiente, aun exponiendo su integridad personal.
Es así como, en días recientes, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Castilla y León, reconoció en emotivo discurso, el valor y el arrojo que ha caracterizado a los procuradores al asumir los riesgos que implican las notificaciones, a la vez que los ha puesto de ejemplo ante otros colectivos, que el ilustre magistrado considera que no asumen su trabajo y sus competencias con el mismo arrojo y decisión.
Las declaraciones se dieron en el marco de la ceremonia de entrega de la medalla de honor del Consejo de Colegios de Procuradores de los tribunales de Castilla y León, entregada al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia, reconociendo los méritos de tan alto magistrado.
Aunque como ya lo hemos anotado, el convenio establecido da cierta tranquilidad, es preciso que se acompañe de medidas adicionales, como el endurecimiento de las penas para los ciudadanos que incurran en tan reprochables conductas.
De igual forma, es preciso establecer protocolos que garanticen la seguridad de los procuradores, cuando cumplan con su función en lugares apartados o áreas rurales, de difícil acceso, a la cual los Mossos tarden un periodo de tiempo considerable en acudir, con las nefastas consecuencias que se pueden deducir de tal demora.
Debemos entender que los procuradores se han formado como auxiliares de la justicia y que por ello no están preparados para asumir circunstancias de riesgo tan particulares como las que se prevé, sin el apoyo decidido de las autoridades policiales.
Algunos podrán pensar que se trata de temores injustificados, o incluso de una paranoia sin sentido, pero no lo es tanto. Veamos porque:
Los procuradores, como figuras relativamente recientes dentro del panorama de la administración de justicia, han ejercido labores que han sido cuestionadas en diversas instancias y aún, al día de hoy, cuando este colectivo ha logrado ganar batallas importantes demostrando sus valía y el aporte decisivo que su trabajo ha tenido, en aras de lograr una justicia más eficiente y más trasparente, es mucho el desconocimiento que el ciudadano común tiene acerca de sus funciones y de su trabajo.
Si se consulta a cualquier persona sobre quien es, y que hace un procurador, es muy probable que la respuesta sea que se tiene desconocimiento total sobre el tema. Un grupo muy reducido de personas los considera mensajeros relativamente especializados, y para algunos no es del todo claro para quien trabajan.
Y es en este punto en donde radica el riesgo que corren estos auxiliares de la justicia, ya que serán muchos los ciudadanos que al enfrentar una notificación de una resolución judicial, que les sea adversa, por desconocimiento o por la exaltación propia derivada de la recepción de malas noticias, la emprendan contra el procurador que solo está cumpliendo con las funciones que la ley le ha encomendado, en buena medida, pensando que son “empleados” de sus contradictores en un determinado proceso judicial.
Aunque la seguridad de los procuradores, como la de cualquier ciudadano, es una responsabilidad asignada a la Policía, a La Guardia Civil o a los Mossos como hemos destacado, y en virtud de ello no debería requerirse la firma de un acuerdo o un convenio que ratifique tal circunstancia, no está de más que existan instrumentos que doten de armas a los cuerpos de seguridad, y que de tal forma garanticen la seguridad de los profesionales que cumplen muchas de las funciones que hacen que la justicia opere con celeridad, eficiencia y transparencia.
Los procuradores, enfrentan este nuevo reto como tradicionalmente lo han hecho desde su aparición en el escenario judicial. Con estoicismo, valor y entereza. Pero ante todo con eficiencia y celeridad.
Esperamos que las autoridades que han recibido la asignación de velar por la seguridad de los procuradores en el cumplimiento de sus competencias, mantengan el ojo avizor y actúen con presteza y agilidad ante la advertencia de cualquier peligro.
En forma alguna, resultaría grato par nosotros tener que registrar la agresión de un procurador o de un funcionario judicial, o lo que es peor, la perdida de la vida de alguno de estos profesionales, que han demostrado en forma suficiente su compromiso con la justicia y con el sistema judicial en general.