Procuradores en España, salvadores de la justicia o condenados a la extinción.
El debate lo encendió el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al impulsar el fallido anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a finales del año 2013, en el cual planteaba poner fin a la incompatibilidad existente entre Procuradores y Abogados.
Para cualquier observador desprevenido, el anteproyecto de ley impulsado por el ministro de hacienda, pretendía la desaparición de los procuradores, al ser absorbidos por un colectivo mayoritario como es el de los abogados. Los cálculos más pesimistas hablan de 14 abogados por cada procurador inscritos en las distintas comunidades de España.
Por supuesto la propuesta puso en pie de guerra a un gremio que siempre ha querido hacer honor a su nombre. Los procuradores “procuran” que la justicia obre en forma rápida, eficiente y transparente.
El Presidente del Consejo de Procuradores de España, advierte que “el funcionamiento de la justicia, se vería gravemente resentido. En primer lugar, por cuanto se vería afectado el principio de tutela judicial efectiva, debido a que las funciones de los abogados no son las mismas de los procuradores. La defensa es una cosa y la procura otra”.
Igualmente señala el alto directivo que, de progresar este proyecto de ley, los procuradores no regalarían a los abogados el sistema de notificación LexNET, “Yo no le voy a ceder a los abogados mis instalaciones, mi personal y mi sistema de notificación, que pagamos nosotros los procuradores. Este sistema lo tendría que asumir la Administración y esto costaría mucho dinero a todos los ciudadanos” puntualizó el Presidente del Consejo de Procuradores de España.
En tales términos se dio la discusión hace apenas dos años. Hoy la situación es bien diferente. Los hechos recientes y el acontecer político actual, ponen de relevancia la importancia y el papel, discreto pero eficiente que desempeñan los procuradores en áreas de un excelente funcionamiento del sistema judicial, en todas las comunidades.
Tan radical es el cambio del escenario político en favor de los procuradores, que al día de hoy, la expectativa está centrada en la posibilidad de ampliar las competencias, sobre todo en cuanto a sus funciones procesales, de los procuradores, lo cual está contenido en un proyecto de reforma a la ley de enjuiciamiento civil que en hace su trámite parlamentario.
En el marco de las IX jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores, que se llevaron a cabo en Mérida, en forma simultánea con el XXII Congreso Internacional de Huissiers de Justicia, se elevó la voz de los procuradores quienes denuncian los cuestionamientos a los que han sido sometidos, como se reconoce en el Libro Blanco de la justicia.
Y es que los procuradores han asumido de forma estoica, lo avatares propuestos por diversas reformas legislativas acaecidas en los últimos años, como la ley 37/2011 que promulgaba medidas para la agilización procesal o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del mismo año, tras las cuales, la labor de los procuradores ha salido fortalecida, entendiéndose su función como cooperadora de la administración de justicia.
Para el Ministro de Justicia Rafael Catalá, el protagonismo y la importancia ganada por los procuradores, dentro del modelo actual de administración de justicia en España, y las iniciativas tendientes a asignar nuevas funciones procesales, redundarán en una mayor calidad del servicio para los ciudadanos, quienes podrán optar entre funcionarios públicos o procuradores para realizar las notificaciones del litigio.
El caso es que finalmente, esta batalla la ganaron los procuradores. El Ministerio de economía por pasiva, y el Ministerio de Justicia por activa, hicieron que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales fuese enterrada definitivamente. Pero nada asegura que no vendrán nuevas batallas. Como ya lo hemos entendido, la política es cambiante y dinámica. Hoy somos y mañana talvez no.
No podemos olvidar que Bruselas insiste en su exigencia al gobierno Español, para que intervenga en la liberalización de servicios profesionales. Igualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, asesta un duro golpe a los procuradores, al manifestar su interés por que los ciudadanos que así lo deseen, se puedan representar a sí mismos, sin acudir a intermediarios en los procesos judiciales ante los tribunales. Estas pueden ser las próximas batallas que libren los procuradores.
Pero ¿Qué piensan los procuradores?
El secretario del Consejo General de Procuradores, Licenciado Juan Carlos Estévez, en entrevista con un medio virtual local, mostro su agrado por la incursión de las tecnologías en el sistema de administración de justicia, explicando la conveniencia de que un servicio como este, esté al nivel de otros tales como Sanidad o Hacienda.
Aunque el Consejo General ve lejano aún el día en que la justicia opere con cero papel, si cree que se debe seguir trabajando para acortar los tiempos y lograr el objetivo en un largo plazo.
Los problemas que afronta la justicia no son solo los que atañen a la aplicación de la plataforma LexNET. La calidad en el servicio y la transparencia deben ser objetivos primarios, razón por la cual es importante la asignación de nuevas competencias en estas materias a los procuradores, puntualiza el Secretario del Consejo.
Los Procuradores, la alta velocidad de la justicia.
Del análisis juicioso de la polémica expresada en este artículo, así como de las declaraciones ofrecidas por el Licenciado Estévez, deducimos que una Justicia más eficiente y veloz, pasa por el aporte que los procuradores puedan hacer para lograr ese propósito.
Los procuradores son la palanca de alta velocidad de la justicia y eso es claro para todos los jugadores del sistema. Al día de hoy, se estima que un poco más de cuatro mil millones de Euros destinados al sistema judicial están bloqueados en espera de distribución.
Indudablemente una inyección de recursos de tal monto, incentivaría el avance de los procesos, generaría nuevos empleos y descongestionaría el sistema.
¿Vamos camino a la privatización de la justicia?
Es probable que ciertas funciones, las que reclaman los procuradores, y que en el momento son competencia de los funcionarios públicos, al ser entregadas a aquellos, impriman un nuevo dinamismo que está pidiendo a gritos el usuario.
El actual sistema de notificación y ejecución no es eficiente y retrasa en forma notable la gestión de administración de justicia. Por supuesto no se trata de una labor que tenga ninguna influencia en las decisiones que tomas jueces y magistrados. Por ello no podemos afirmar que se trata de una privatización del sistema de administración de justicia, cuando apenas estamos trasladando una función meramente administrativa a un grupo de persona que ha demostrado tener la experiencia, la voluntad y la capacidad de ejercerla de manera sobresaliente.
¿Una mayor intervención de los procuradores en el sistema, encarece los procedimientos judiciales?
Así podría parecer. En causas menores, la incidencia en costes es mínima. En procesos complejos de gran importancia, la celeridad que imprimen los procuradores con su intervención se ve compensada ampliamente con la rapidez y eficiencia de los procedimientos.
Finalmente, los procuradores le apuestan a la mediación, y a la modernización del sistema, como únicos instrumentos que permitan dirimir diferencias antes de llegar a un juicio.
Pero este y otros tópicos relativos al trabajo y las funciones de los procuradores serán tema de un próximo artículo.
