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El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, o ‘decreto ómnibus’.
Este decreto incluía una batería de medidas, como la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público y la prohibición cortar los suministros básicos a personas vulnerables. También decaen otras ayudas para las personas afectadas por el temporal de la DANA y la prórroga de las deducciones en el IRPF por las obras para mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios.
Los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts, una abstención (UPN), superaron a los 171 votos a favor del resto de la Cámara. Y sus efectos son inmediatos: todo quedará derogado desde este jueves, 23 de enero, tras su publicación en el BOE.
El Real Decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tras el bloqueo parlamentario «deja por tanto de aplicarse, ya que el Congreso de los Diputados debe aprobar en un plazo de 30 días la convalidación de las disposiciones legales adoptadas por el Gobierno para que éstas mantengan su vigencia, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución», según detalla el comunicado de la Cámara Baja. Para cumplir el plazo, la sesión plenaria ha sido extraordinaria, ya que con carácter habitual se realiza los jueves.
El texto aprobado por el Gobierno ampliaba la vigencia de parte de las disposiciones aprobadas desde principios de 2022 para afrontar las consecuencias en España de la guerra en Ucrania, desarrolladas en ocho paquetes de medidas tanto normativas como no normativas, que se han ido prorrogando “ante la persistencia de conflictos internacionales como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio, que tienen potenciales efectos globales”.
Vuelven los desahucios y los cortes de suministros básicos
En el caso de la suspensión de los desahucios, el decreto contemplaba la prórroga de su paralización hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la posibilidad de solicitar compensación por parte del propietario hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encontraban una alternativa habitacional en un plazo de tres meses.
Por otro lado, también se ha levantado la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables, cuya vigencia se había extendido también durante todo este año. Igualmente, se han tumbado los nuevos descuentos en el bono social de electricidad. Desde el pasado 1 de enero, se había establecido un descuento del 50% para los consumidores vulnerables, aunque con una reducción progresiva. A partir del 1 de julio, la rebaja mermaba hasta el 42,5% y el 1 de enero de 2026, hasta el 35%.
Adiós a las bonificaciones fiscales por la mejora energética
Otra de las medidas que ha tumbado el Congreso es la prórroga de las bonificaciones en el IRPF por la mejora energética de viviendas y edificios. El último Consejo de Ministros de 2024, celebrado el 23 de diciembre, también acordó la ampliación de estos incentivos fiscales durante todo 2025.
Las deducciones en el IRPF que han estado en vigor hasta ahora se situaban entre un 20% y un 60% del capital invertido, dependiendo de la actuación llevada a cabo y de si se trataba de obras en una vivienda individual o en un edificio residencial, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.
Igualmente, el Pleno de la Cámara Baja ha tumbado la prórroga de las deducciones en el IRPF de los gastos relacionados con la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga., que alcanzaba el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.
Suspendida la subida de las pensiones y del IMV
El resultado de la votación también deja sin efecto la subida del 2,8% para las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado en 2025, a la espera de que el Gobierno decida qué hacer. Tampoco subirán un 6% las pensiones mínimas y las no contributivas ni un 9% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida del 2,8% en la cuantía de las pensiones en enero se producirá, porque el decreto ley que lo regulaba «ha estado vigente hasta hoy», pero que bajarán en febrero.
De igual manera, con la caída del decreto ómnibus, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, debido a que el real decreto también incluía la prórroga del alza del SMI de 2024. Esta situación se mantendrá previsiblemente hasta que se acuerde una nueva alza para el salario mínimo de 2025, algo que actualmente están negociando los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.
En el caso de las pensiones, tanto PP como Junts han insistido en que apoyarán un decreto que incluya solamente la revalorización de las pensiones. El PP, de hecho, ha presentado una proposición de ley para garantizar la subida de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En la misma línea, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha reiterado que para garantizar la subida de la pensiones el Gobierno debe aprobar un nuevo decreto que incluya esa medida. «Y eso lo puede hacer mañana mismo, otra cosa es que el Gobierno prefiera seguir enredando a la gente», ha apostillado.
Decaen las ayudas al transporte público
Otra de las medidas que decae con efectos inmediatos es la prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que, con la derogación del ‘decreto omnibús’, desde el 23 de enero ya no habrá descuentos al transportes público y los usuarios tendrán que comprar los billetes de tren, metro y autobús a su precio original. No obstante, el fin de los descuentos no se aplica a quienes ya tengan el abono en vigor, «Los abonos ya sacados han generado un derecho y esos se van a poder utilizar», ha insistido Puente.
En cuanto a los descuentos al transporte gestionado por las comunidades autónomas o ayuntamientos, como autobuses urbanos e interurbanos, metros o tranvías, también decaen al formar parte de la misma medida, que implicaba una financiación del Estado del 30% del total, quedando otro 20% o 30% a cargo de las comunidades o ayuntamientos.
Las entidades que gestionan el transporte en cada región tendrán ahora que dar más detalles sobre el uso que se le podrá dar a los abonos ya comprados con descuento o si seguirán financiando los descuentos o parte de ellos por su cuenta.
Otras medidas que quedan derogadas
a votación en contra también deja sin efecto el nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, cuya puesta en marcha estaba prevista para el próximo 1 de abril, con el objetivo de dar un mayor margen a la adaptación de esta figura tributaria.
En el Impuesto sobre Sociedades, decae la prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.
Suma y sigue, porque también ha quedado derogada la tabla de coeficientes máximos para la aplicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tributo más conocido como ‘plusvalía municipal’; o la prórroga de las entregas a cuenta a partir de su actualización en 2024.
Asimismo, ha decaído el régimen excepcional de endeudamiento de las comunidades autónomas durante 2025, donde se permitía a la Comunidad Valenciana formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para financiar los gastos extraordinarios derivados de la DANA.
Otra de las medidas que quedan sin efecto es el incremento de 1.500 a 2.500 euros de la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la Renta, o el mantenimiento de los límites para aplicar la tributación por módulos de autónomos durante ese año.
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