Con motivo del descomunal retraso que llevan los Juzgados 50 y 50 bis debido al volumen de demandas que les han entrado y simplemente a modo informativo, en estos momentos, (y aún y así puede haber diferencias entre una sección y otra) se están incoando asuntos presentados en noviembre de 2017 y de los cuales las designas se han hecho entre enero y febrero del 2018.

Que estén incoando significa que admiten a trámite y acuerdan el emplazamiento del banco o caja de turno, pero una vez estos contestan, el tema vuelve a quedarse parado puesto que no tienen fechas para señalar las audiencias previas…

Actualmente están incoados aproximadamente unos 6.500 asuntos del año 2017, de unos 12-15 mil que hay presentados y registrados, del año 2018, simplemente tenemos números de registro, hasta que tengamos número de autos puede pasar mucho tiempo.

Lo que recomienda el propio juzgado es que utilicemos la queja como recurso, pues les faltan recursos y no pueden hacer más.

Cualquier duda o información adicional puede ponerse en contacto con el despacho 933682468 / 933682425 infobdm@procuradoresenbarcelona.com


Adjuntamos Noticia publicada por Expansión Jurídico el 17 de setiembre de 2018:

El Icab reclama medidas para evitar el colapso de las demandas por cláusulas suelo

Según destaca el Informe de la Justicia de 2018, elaborado por el Colegio de Abogados de Barcelona, las sentencias sobre esta materia se están demorando entre dos y tres años.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha reclamado al Ministerio de Justicia que tome medidas para evitar el colapso de las demandas por cláusulas suelo en los juzgados, tras alertar de que las sentencias sobre la materia se están demorando entre dos y tres años.

En rueda de prensa, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha presentado el Informe de la Justicia de 2018, que concluye que las medidas impulsadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para habilitar un juzgado especializado en cláusulas suelo por provincia han sido insuficientes para resolver la «avalancha» de demandas presentadas.

«Ni los medios, ni la organización de estos juzgados ha sido la adecuada, por lo que, ya desde el principio, se han colapsado debido al elevado número de reclamaciones de los consumidores», ha opinado la decana.

Gay ha recordado que, de acuerdo con los datos del propio CGPJ, el 98% de las sentencias sobre demandas por cláusulas suelo dictadas en el año 2017 han sido favorables a los consumidores.

Por este motivo, la decana del colegio de abogados ha pedido medidas para fomentar la resolución extrajudicial de este tipo de litigios y, concretamente, ha propuesto modificar el real decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para «implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias».

Otra de las jurisdicciones colapsadas, según el informe de los abogados de Barcelona, es la social, en que se suele tardar un promedio de tres años en dictar sentencia, una situación que no ha mejorado este último año pese a que la crisis económica ha ido remitiendo, explica Efe.

Gay ha atribuido a la falta de medios y a una organización no eficiente la congestión en los juzgados sociales de Barcelona, al tiempo que ha lamentado que la nueva oficina judicial no haya acabado de implantarse en los juzgados de la capital catalana.

El informe ha advertido también de la precaria situación que sufren los juzgados de Berga y de Vilafranca del Penedès (Barcelona), en los que, según los letrados, últimamente la Fiscalía no se presenta a los juicios por la escasez de personal del ministerio público en esos partidos judiciales.

El Colegio de la Abogados de Barcelona sigue trabajando con los Mossos d’Esquadra para lograr que los letrados tengan acceso a los atestados policiales de los detenidos lo antes posible, una reivindicación que los abogados de la capital catalana plantean desde hace años.

La decana ha celebrado la prueba piloto que se ha puesto en marcha en los juzgados de Gavà (Barcelona), que permite el envío telemático de los atestados policiales directamente a la guardia, aunque los insuficientes medios técnicos de los juzgados -a menudo sin servicio de wifi– retrasan las descarga de los mismos.

 

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