El Ministerio de Justicia estima que la puesta en marcha a primeros de año del sistema de notificaciones electrónicas está permitiendo reducir considerablemente el tiempo invertido en la tramitación de los procedimientos, así como el trabajo administrativo que conllevan.

El Departamento dirigido por Rafael Catalá tendrá en breve los primeros resultados concretos. Hasta entonces, ha tratado de cuantificar el impacto con una simulación que compara el tiempo medio empleado en los procedimientos antiguos -en los que las presentaciones de escritos y los actos de comunicación se hacían presencialmente o a través del Colegio de Procuradores– y el tiempo medio invertido en los procedimientos que desde el 1 de enero se tramitan a través del sistema denominado Lexnet. En lo que afecta estrictamente al tiempo necesario para presentar escritos y para los actos de comunicación, el sistema reduce considerablemente los plazos, que podrían quedar en una tercera parte. Si, por ejemplo, un procedimiento civil, el más habitual, invierte en actos de comunicación y presentación de escritos hasta 60 días, con la utilización de este sistema que prescinde del movimiento del papel se puede reducir este tiempo a un plazo inferior a los 20 días.

Entre la docena de trámites de ese procedimiento civil estándar analizado por Justicia, lo que más se agiliza es el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda y el inicio de las actuaciones judiciales: podría pasar de una media de 10 días a tan sólo dos. Y un trámite tan habitual como la subsanación de un requisito formal de esa demanda pasa de los ocho días a sólo tres. Examinando el final del procedimiento, Justicia estima que la notificación de la sentencia, que demoraba habitualmente cuatro días, puede quedar en uno. El último de los trámites analizados es el plazo entre la notificación del recurso de apelación y el momento en que lo recibe el tribunal que debe resolverlo: bastaría un solo día en lugar de los seis que se venían empleando.

Fuentes del Ministerio consideran que la agilización será más significativa en ciudades donde existe una dispersión de sedes judiciales, ya que en ellas era necesario un traslado físico del papel desde las oficinas donde se recoge -decanatos y Servicios Comunes Generales- hasta los órganos judiciales que debían tramitarlo.

Fuentes del Departamento añaden que la presentación en papel exigía garantizar el seguimiento del documento mediante distintos registros, la introducción manual de los datos en el sistema o la confección de listas de los documentos. Todo ello comportaba en muchos casos duplicidad de actuaciones o errores en la información, algo que con la puesta en marcha definitiva del nuevo sistema no debería suceder.

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